Guatemala. (AFP). El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos
Montt, de 85 años, quedó ligado al proceso penal por una acusación de genocidio
perpetrado durante su gobierno de facto (1982-1983), según una resolución de la
titular del Juzgado Primero de Alto Riesgo, Patricia Flores.
En el fallo, Flores comentó que las pruebas presentadas por el
fiscal del caso, Manuel Vásquez, fueron decisivas para tomar la decisión pues
supuestamente la población estuvo "sistemáticamente" bajo el control
militar y se "cometió genocidio", pero eso se deberá "demostrar
en un posible juicio".
Además, le imputan el delito de deberes contra la humanidad.
Sin embargo, la jueza determinó una medida sustitutiva a favor del
ex dictador al otorgarle arresto domiciliario debido a la edad y porque no
existe peligro de fuga, así como una fianza de unos 65.000 dólares.
La audiencia, que duró unas 11 horas, se realizó en la torre de tribunales
de la Corte Suprema de Justicia en la capital.
El Ministerio Público tiene ahora hasta el 17 de marzo para
presentar el acto conclusivo, es decir, presentar toda la investigación penal y
en ese proceso la jueza determinará si el ex dictador es llevado o no a juicio
oral y público.
Según la acusación, durante el régimen de facto de Ríos Montt de
perpetraron al menos 72 hechos delictivos, entre ellos 11 masacres, en los que
fueron asesinados más de 1.700 indígenas de la etnia maya Ixil, en el departamento
de Quiché, a unos 250 km al noroeste de la capital.
Además, la represión militar motivó el desplazamiento interno de
más de 29.000 indígenas debido a que unas 54 comunidades fueron arrasadas.
"Aunque usted (Ríos Montt) dijo que no participó en esos hechos
(...), los medios de investigación indican que existe esa probabilidad y bajo
esas circunstancias he decretado el auto de procesamiento en su contra ",
agregó la magistrada.
Explicó que ese delito está estipulado en las leyes guatemaltecas,
tras indicar que "se le conceden todos los derechos de los recursos
pertinentes del cual es objeto".
El fallo de la jueza coincidió con la aprobación en el Congreso
guatemalteco de un decreto que ratifica el Estatuto de Roma (1998), con el cual
el país se adhiere a la Corte Penal Internacional (CPI).
La medida implica que Guatemala admite que la CPI pueda juzgar
delitos de lesa humanidad, de guerra y genocidio sin efecto retroactivo,
comentó el presidente del Legislativo, el oficialista Gudy Rivera.
Me parece que este juicio se hizo muy tarde ya, este tipo de
acusaciones deberían de hacerse de inmediato de manera que no les den
oportunidad a los acusados de escapar de este tipo de acusaciones, mas tratándose
de algo tan serio como un genocidio y dictadura. Este señor ya tiene 85 años de
edad por lo que puede optar por casa por cárcel o por algún tipo de encarcelamiento
menos duro del que realmente se merece.
